JUSTICIA TRANSICIONAL COLOMBIA Contexto, fundamentos, y aplicación de un modelo de justicia alternativo para “el conflicto armado interno más largo del mundo”

Uno de los acontecimientos acaecido en las últimas décadas en Colombia y que ha generado trascendentales cambios en el nivel político, jurídico e institucional, fue la suscripción el 24 de noviembre de 2016 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, pacto suscrito entre el Gobierno Nacional y los representantes del grupo guerrillero más antiguo en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep); acontecimiento que implica un cambio profundo en varios niveles de la actividad social, política, estatal y jurídica en Colombia. A partir del citado Acuerdo se producen significativos cambios en la institucionalidad, entre los cuales están: la modificación del ordenamiento constitucional mediante el trámite de varios Actos Legislativos, algunos de ellos de carácter transitorio, se consolida una importante línea jurisprudencial sobre la paz construida por el tribunal constitucional patrio, se desarrolla una considerable producción legislativa, surgen nuevos organismos estatales con renovados objetivos misionales, entre otros; aspectos sobre los cuales se ha cimentado un conjunto de instrumentos jurídicos e institucionales que fueron creados mediante un procedimiento abreviado denominado “fast track”, que implementó un verdadero sistema de justicia alternativa en el contexto de la justicia transicional para la solución de un conflicto armado interno de especiales condiciones, el cual ha permanecido en Colombia por más de cinco décadas. El citado Acuerdo tiene por finalidad modificar instituciones políticas, jurídicas y sociales para dar paso a un nuevo escenario que busca superar, en forma definitiva, el conflicto armado interno y procura a futuro, en prospectiva, concretar el anhelo por décadas de nuestra sociedad de obtener una paz estable y duradera. Colombia se encuentra en fase del posacuerdo, en medio de un proceso en el cual se agota el fenómeno de la guerra para dar paso a la cesación de un complejo conflicto armado de hondas repercusiones sociales, transita hacia una etapa histórica de paz. Este escenario permite la legitimación de un nuevo orden social, como también una justicia de transformaciones que modifique las instituciones patrias y las estructuras sociales que permitan un reconocimiento adecuado de las comunidades afectadas. El tipo de justicia que permita hacer posible la pacificación, el cese del conflicto, obtener en últimas la superación definitiva del conflicto, al igual que suministrar las garantías jurídicas necesarias para asegurar una paz duradera, es un modelo alternativo de justicia que conlleva aspectos novedosos en múltiples niveles y en especial, un nuevo modelo de justicia penal transicional para Colombia Justificación y relevancia del estudio. La justificación del presente trabajo está dada por los aportes teóricos, prácticos y metodológicos que se propuso desarrollar la investigación desde el comienzo y que se lograron obtener en el proceso de ejecución de la misma. Desde la perspectiva teórica y normativa el trabajo investigativo presenta una valiosa justificación, dado que la investigación supone un aporte al conocimiento sobre las teorías y leyes relacionadas con el problema central de estudio. Así, la Constitución de Colombia dispone en el sector de los derechos fundamentales que: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Const. 1991, Colom.); y la libertad como atributo esencial de la vida humana, fecundadora de dignidad e igualdad se ha creado al fragor de la paternidad de las revoluciones y el derecho a la resistencia y a la trasformación social. La lectura de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y las francesas de 1789 y 1793 concretan esta cláusula de seguridad y de reserva frente a los atropellos (Sánchez Ángel, 2015) 2 , verdaderos instrumentos de control frente al poder. Desde la perspectiva práctica, la investigación tiene su justificación a partir de esa categorización en consideración a que se propuso aportar un beneficio orientado hacia la solución de un problema concreto, relacionado con los derechos constitucionales de las víctimas del conflicto bélico interno de Colombia, frente a la considerable vulneración de sus derechos que han tenido que soportar, en especial el mandato de prevenir su quebrantamiento, tutelar los derechos de las víctimas, investigar, acusar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario en medio del conflictoUniversidad Libre – Facultad de Derecho -- Doctorado en Derech

Criterios de reparación integral para las víctimas del delito de desaparición forzada en Colombia en un contexto de justicia transicional

La práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada de personas en contextos álgidos de violencia sociopolítica ha dejado millares de víctimas, tanto directas como indirectas, en todo el mundo. Sus particularidades victimizantes, entre ellas, la execrable conducta de someter a una persona a la clandestinidad para que nunca se vuelva a saber de ella (dejando, principalmente, a sus familiares en un estado de incertidumbre y sufrimiento interminable), la ha hecho acreedora del reproche internacional. Se considera una conducta gravísima que atenta contra la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad, por lo cual la desaparición forzada se concibe, en el escenario internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario - DIH, como un crimen de lesa de humanidad. En el caso colombiano la práctica de la desaparición forzada se institucionalizó en un contexto sociopolítico de violencia por más de 50 años, por una parte, debido a la influencia de corte militarista de la Guerra Fría, la consolidación de las dictaduras militares del cono sur y la denominada amenaza del comunismo, las cuales intensificaron una polarización política y militar que para el caso colombiano derivo en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, en especial sobre la población civil, defensores de derechos humanos y opositores políticos al régimen. En efecto, en un proceso de justicia transicional la reparación integral a las víctimas se erige como un derecho inalienable en el marco del derecho internacional público, en virtud de los tratados y convenios ratificados por los Estados. Hoy Colombia vive su propio proceso de justicia transicional, donde las víctimas del delito de desaparición forzada esperan saber la verdad de lo sucedido con sus seres queridos, encontrar a sus familiares vivos o muertos, que se sancione a los responsables y que sean reparados de una manera integral, diferenciada y transformadora.Doctorad

La reparación de víctimas de desaparición forzada, desde su propia perspectiva

Politólogo (a)Pregrad

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Premio Extraordinario de Doctorado de la UAH en el año académico 2015-2016La tesis "Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú" aborda el tema de la justicia transicional tomando como base de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estos tres países. En este estudio comparado se parte de la premisa de que el diseño institucional del Defensor del Pueblo en España como institución de garantía se gestó, de acuerdo con la bibliografía consultada, dentro de un contexto de transición para la defensa de los derechos fundamentales. La actuación de estas tres instituciones del Defensor del Pueblo se observa a través de sus rendiciones de cuentas anuales, el denominado Informe Anual que realizan ante el Congreso. El marco temporal de esta reflexión se inicia con el primer informe anual de esta institución de garantía y llega hasta el 2010. En el primer capítulo se pergeña el ámbito de la justicia de transición, los esfuerzos y los mecanismos del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones y las garantías de no repetición. En el segundo capítulo se describe los procesos de transición y los ombudsmen. La institución del Defensor del Pueblo tiene su punto de partida en el Ombudsman sueco. Sin embargo, a lo largo de su historia institucional en diferentes países y zonas geográficas ha sufrido procesos de adaptación en sus diferentes adopciones. En el caso de la península ibérica, España y Portugal, esbozan un ombudsman muy diferente al sueco. Se ocupa de su labor tradicional de intermediar entre la ciudadanía y la Administración y, a su vez, con la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito latinoamericano la identidad institucional, por lo general, es la defensa de los derechos fundamentales e igualmente la supervisión de la Administración estatal. A su vez, el paradigma de los derechos humanos ha impulsado que los Convenios y Tratados internacionales sobre derechos humanos no queden solamente en declaraciones y para ello, han ido erigiéndose las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a la que muchos Defensores del Pueblo se han adherido y con ello, adquieren ciertas obligaciones, entre las que destacan las vinculadas al ámbito de justicia de transición, pues deben ser muy proactivos, por ejemplo, en el tema de desapariciones y garantías de no repetición, entre otros aspectos. Se ha valorado cómo las INDH/Defensores del Pueblo han cumplido con estas obligaciones, dependiendo de si han quedado reflejadas en los Informes anuales. Esto ha permitido observar que no todos han actuado igual, muchas veces, influidos fuertemente por el contexto, como la transición en el caso español. En el capítulo III se aborda el tema de derechos humanos, indicadores y justicia transicional. Ahí se realiza la sugerencia de que las medidas (políticas públicas que se traducen en programas o proyectos) que se implementen en la justicia de transición en justicia, verdad, reparación o garantías de no repetición sean monitoreadas a través de una matriz de seguimiento e indicadores propuestos por Naciones Unidas, que podrían ser introducidos en los informes anuales. Y finalmente, el cuarto capítulo, se presentan los Informes Anuales de los tres países en lo que respecta a sus actuaciones en justicia de transición. En España entre 1983- 2010, en Guatemala entre 1987- 2010 y en Perú entre 1996- 2010

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Premio Extraordinario de Doctorado de la UAH en el año académico 2015-2016La tesis "Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú" aborda el tema de la justicia transicional tomando como base de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estos tres países. En este estudio comparado se parte de la premisa de que el diseño institucional del Defensor del Pueblo en España como institución de garantía se gestó, de acuerdo con la bibliografía consultada, dentro de un contexto de transición para la defensa de los derechos fundamentales. La actuación de estas tres instituciones del Defensor del Pueblo se observa a través de sus rendiciones de cuentas anuales, el denominado Informe Anual que realizan ante el Congreso. El marco temporal de esta reflexión se inicia con el primer informe anual de esta institución de garantía y llega hasta el 2010. En el primer capítulo se pergeña el ámbito de la justicia de transición, los esfuerzos y los mecanismos del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones y las garantías de no repetición. En el segundo capítulo se describe los procesos de transición y los ombudsmen. La institución del Defensor del Pueblo tiene su punto de partida en el Ombudsman sueco. Sin embargo, a lo largo de su historia institucional en diferentes países y zonas geográficas ha sufrido procesos de adaptación en sus diferentes adopciones. En el caso de la península ibérica, España y Portugal, esbozan un ombudsman muy diferente al sueco. Se ocupa de su labor tradicional de intermediar entre la ciudadanía y la Administración y, a su vez, con la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito latinoamericano la identidad institucional, por lo general, es la defensa de los derechos fundamentales e igualmente la supervisión de la Administración estatal. A su vez, el paradigma de los derechos humanos ha impulsado que los Convenios y Tratados internacionales sobre derechos humanos no queden solamente en declaraciones y para ello, han ido erigiéndose las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a la que muchos Defensores del Pueblo se han adherido y con ello, adquieren ciertas obligaciones, entre las que destacan las vinculadas al ámbito de justicia de transición, pues deben ser muy proactivos, por ejemplo, en el tema de desapariciones y garantías de no repetición, entre otros aspectos. Se ha valorado cómo las INDH/Defensores del Pueblo han cumplido con estas obligaciones, dependiendo de si han quedado reflejadas en los Informes anuales. Esto ha permitido observar que no todos han actuado igual, muchas veces, influidos fuertemente por el contexto, como la transición en el caso español. En el capítulo III se aborda el tema de derechos humanos, indicadores y justicia transicional. Ahí se realiza la sugerencia de que las medidas (políticas públicas que se traducen en programas o proyectos) que se implementen en la justicia de transición en justicia, verdad, reparación o garantías de no repetición sean monitoreadas a través de una matriz de seguimiento e indicadores propuestos por Naciones Unidas, que podrían ser introducidos en los informes anuales. Y finalmente, el cuarto capítulo, se presentan los Informes Anuales de los tres países en lo que respecta a sus actuaciones en justicia de transición. En España entre 1983- 2010, en Guatemala entre 1987- 2010 y en Perú entre 1996- 2010

El cumplimiento por el Estado Mexicano de la prohibición internacional de la tortura, ante la organización de las Naciones Unidas

La tortura ha existido en todo el mundo por décadas enteras, esa práctica degradante hacia los seres humanos, evidencia el poder del más fuerte, frente al débil y la falta de respeto a la integridad humana. La imposición del poder público frente a los ciudadanos, es particularidad de muchos regímenes, incluso aquellos en donde se proclama la democracia como rector principal de Estado. Este es el caso de México, mi país, en donde la práctica de esta “herramienta” como sistema de control, sigue persistiendo. Es inobjetable afirmar que la abolición de la práctica de la tortura es un hecho que requiere la inmediata actuación del poder público. En atención al estricto respeto de los derechos humanos, que son la base del derecho mismo, en cuanto y tanto, obedecen a la naturaleza misma de los seres humanos.Programa Oficial de Doctorado en DerechoPresidente: Juan José Martín Arribas; Secretario: María Carmen Pérez González; Vocal: Myrna Elia García Barrer

La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional

El conflicto armado en Colombia ha afectado de forma considerable a la población civil, con más de 8`190.000 víctimas individualizadas a 2016, que corresponde aproximadamente al 17% de la población total del país. No obstante la magnitud de este problema social, hasta antes de 2005 no se había incluido dentro de la agenda política la necesidad de abordar la reparación a las víctimas como una política de Estado. Las medidas existentes se enfocaban en la atención y asistencia humanitaria de las víctimas, principalmente desplazados, con un enfoque asistencialista y basado en el principio de solidaridad.Con la Ley 975 de 2005, en el marco del proceso de desarme y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se implementaron medidas para la reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, desde un enfoque de justicia transicional. Este marco político ha marcado considerablemente la política pública en materia de reparación que actualmente se rige por la Ley 1448 de 2011.Dentro de este contexto, en el presente trabajo de investigación se analiza la política pública que se ha formulado en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta los estándares internacionales de reparación que han sido construidos por la doctrina y la jurisprudencia dentro del marco especial de la justicia transicional. Para ello se plantearon como objetivos específicos: i) identificar los estándares internacionales de los principales mecanismos de la justicia transicional, y de la reparación a las víctimas en particular, ii) identificar, de forma general, el origen y características del conflicto armado colombiano, con especial énfasis en su magnitud con respecto a las víctimas, iii) analizar los procesos de inclusión del problema en la agenda política, iv) describir los aspectos relevantes de la formulación de la política de reparación, y finalmente v) resaltar resultados parciales de la implementación de la política de reparación que se consideran significativos..

Medios, imágenes y memoria: el Valle de los Caídos

Since the first decade of the 21st century, the Valley of the Fallen has been established as an object of controversy related to the new policies of memory. In recent years the "Historical Memory" has been a recurring concept in the mass media. While it is true that since 2011 this issue has been overshadowed in the political agenda, even today we continue to access information that refers to our recent past, from perspectives that demand actions of ethic, symbolic, political or economic repair. Many of these reports could be framed within a broader discourse, akin to a concept of "historical memory". These media texts are part of a larger problem that is troubling modern western societies and that has presented a remarkable recovery since the late nineties: debates or polemics on memory. In this paper we propose to study the nature of these media texts. We assume that the mass media configure their texts from frameworks or pre-existing frames. For this research, we propose an analysis of content based on the theory of framing to identify what is the typical journalistic discourse and the modalities of interpretive general framework applied in a number of texts and broadcasts about the Valley of the Fallen..

El reconocimiento del derecho a la verdad en Argentina

Tesis dirigida por Ángel Sánchez Legido, y tutor Joaquín Alcaide Fernández. Investiga cuál fue el desarrollo del derecho a saber la verdad de los familiares de los desaparecidos sobre sus seres queridos, durante la época de la última dictadura militar en nuestro país. Reseña la realidad histórica existente en el momento en que se produjeron los hechos, el período 1976/1983 y también las fechas relevantes del período postdictatorial de transición democrática, llegando hasta la actualidad, fecha en la cual, se procedió a la declaración de la nulidad de las leyes de amnistía por el Congreso de la Nación Argentina, hecho que produjo la reapertura de las causas penales y la efectiva privación de libertad de quienes han sido los autores de estos crímenes en Argentina. Desarrolla a la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad desde la perspectiva del derecho internacional universal y regional, delito que por su propia naturaleza genera una situación de incertidumbre y necesidad de verdad. Obligación que comienza a verse satisfecha a partir del reconocimiento y plasmación de este derecho humano en el que mucho tuvieron que ver los órganos de protección y promoción regionales y universales de derechos humanos. Estudia y determina cual ha sido el largo y difícil camino recorrido por las víctimas hacia la tutela del derecho de los familiares en la lucha por el reconocimiento de su derecho a saber la verdad, a ejercer el duelo y a la memoria